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La Comisión Europea y el Consejo Europeo impugnan la anulación de dos acuerdos sobre pesca y agricultura decidida en primera instancia, en 2021, por incumplimiento del «consentimiento» saharaui.
Por Frederic Bobin
El juicio que se abrió el lunes (23 de octubre) en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la legalidad de los acuerdos celebrados entre Rabat y Bruselas en materia de pesca y agricultura, promete ser crucial para el futuro de la asociación euro-marroquí. La relación entre Rabat y Bruselas ya fue errática durante el año pasado, debido en parte a las acusaciones de corrupción en el Parlamento Europeo. Un fallo negativo del Tribunal de Estrasburgo lo debilitaría aún más al empujar a Marruecos a ampliar sus asociaciones fuera de la Unión Europea (UE) de manera aún más proactiva.
Esta nueva aventura judicial forma parte de una larga batalla iniciada hace unos diez años por el Frente Polisario. El movimiento por la independencia del Sáhara Occidental ha cuestionado sistemáticamente los acuerdos entre Europa y Marruecos, argumentando que su aplicación al territorio saharaui contraviene las disposiciones del derecho internacional.
Las audiencias celebradas el lunes y el martes tienen por objeto pronunciarse sobre el doble recurso de casación interpuesto por la Comisión Europea y el Consejo Europeo contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia luxemburgués dictada el 29 de septiembre de 2021. De hecho, este último había «anulado» dos acuerdos comerciales euro-marroquíes en materia de agricultura y pesca por haber ignorado el «consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental».
El fallo fue aclamado por el Frente Polisario como una «victoria triunfal», mientras que Marruecos lo denunció como «motivado ideológicamente». En cuanto al ejecutivo europeo, se mostró aún más decepcionado porque tenía grandes ambiciones para su asociación estratégica con Marruecos, eje de su política de vecindad con los Estados de la cuenca mediterránea. De ahí la decisión de la Comisión y del Consejo –apoyados por Francia, España, Bélgica y Hungría, que enviaron sus propios abogados a las audiencias– de impugnar la sentencia ante el máximo tribunal, el TJUE.
El Frente Polisario reconocido como «persona jurídica»
Sin embargo, la tarea promete ser delicada a la vista de la jurisprudencia europea en la materia. «Esta es una disputa que se ha estado construyendo desde 2012 y partimos de los excelentes cimientos de las sentencias de 2016 y 2018 para ir un paso más allá y bloquear estos acuerdos ilegales», dijo Gilles Devers, abogado del Frente Polisario. Además de la sentencia de 2021, dos sentencias anteriores habían confirmado los argumentos del independentismo.
En diciembre de 2016, el TJUE dictaminó que el acuerdo comercial sobre agricultura celebrado entre Marruecos y la UE a principios de la década de 2000 no podía aplicarse automáticamente al Sáhara Occidental, ya que este último tiene un «estatus separado y distinto» debido a su inclusión en la lista de «Territorios No Autónomos» de las Naciones Unidas. El tribunal añadió que el Sáhara Occidental, considerado a sus ojos como una «tercera» parte, sólo podía estar cubierto por un acuerdo euro-marroquí si expresaba su «consentimiento» a ello.
En febrero de 2018, el TJUE se inspiró en casi los mismos principios en otra sentencia, esta vez sobre un acuerdo de pesca en virtud del cual Marruecos autorizó a 128 barcos europeos a faenar en las aguas ricas en peces del Sáhara Occidental. El tribunal dictaminó que las «aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental» no estaban comprendidas en «la soberanía o jurisdicción del Reino de Marruecos».
Ante estas dos sentencias, Rabat y Bruselas habían renegociado dichos acuerdos para extender expresamente su aplicación al Sáhara Occidental y, para complacer al juez, habían llevado a cabo «consultas con las poblaciones afectadas».
El Frente Polisario interpuso inmediatamente un recurso contra estos acuerdos modificados. La sentencia del tribunal luxemburgués de fecha 29 de septiembre de 2021 falló a su favor en lo esencial. No sólo consagra al Frente Polisario como una «persona jurídica» con «representatividad» que le confiere «capacidad de actuar ante los tribunales de la Unión», sino que considera que las «consultas» llevadas a cabo en el Sáhara Occidental por marroquíes y europeos carecían del carácter «libre y real» que permitiría establecer el «consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental».
En su doble recurso examinado el lunes y el martes por el TJUE, el Consejo y la Comisión cuestionan, en particular, que el Frente Polisario «tenga capacidad para emprender acciones legales» y que también pueda «invocar el principio de autodeterminación» en este caso.
Negociaciones con Japón, Rusia y China
El tribunal se tomará su tiempo para revisar el caso. El Abogado General presentará sus conclusiones el 21 de marzo de 2024, lo que sugiere que se dictará sentencia definitiva en torno al mes de junio. Mientras tanto, el acuerdo de pesca euro-marroquí, que expiró el 17 de julio, no está en condiciones de ser renovado en la actual inseguridad jurídica creada por los procedimientos contenciosos. Los pescadores españoles, que contaban con 93 de las 128 licencias concedidas por Marruecos a barcos europeos, son las principales víctimas. Madrid ya ha anunciado su apoyo económico.
En Marruecos, el ambiente es de desilusión con una Europa enredada en sus contradicciones internas y cuya fiabilidad se considera frágil. Como anticipándose a un fallo del TJUE en contra de los acuerdos con la UE, los medios de comunicación marroquíes han hecho mucho hincapié en las negociaciones en curso con Japón, Rusia y China en los últimos meses, con el fin de señalar a Bruselas que Rabat tiene alternativas.
Frédéric Bobin
Le Monde, 24/10/2023
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