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Los escabrosos asuntos del régimen de Makhzen nunca terminan y los olores nauseabundos de sus escándalos no tienen fronteras. Después del escándalo del software espía Pegasus, del Marocgate y del «Pablo Escobar del Sahara» (muchos escándalos en muy poco tiempo), aquí hay otro escándalo que amenaza con sacudir el mundo de la política ibérica, tras la investigación de la Audiencia Nacional española sobre la venta ilegal de drones a una milicia islamista armada en Libia, por parte de un marroquí residente en Valencia, llamado Mohamed Rachad, y que recordemos ya estuvo en el origen de la denuncia presentada contra el presidente saharaui, Brahim Ghali, durante su estancia hospitalaria en España.
Por Mehdi Messaoudi
Curiosamente, se sabe que Mohamed Rachad es cercano al ex Ministro de Defensa socialista José Bono. En efecto, en septiembre de 2021, el ex ministro español de Defensa asistió a la boda del marroquí, que sería uno de los lugartenientes del jefe de los servicios de inteligencia majzenianos de la DGED, Yassine El Mansouri, actor clave en el asunto de la corrupción. de parlamentarios europeos llamado “Marocgate”.
Mohamed Rachad trabaja para la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), los servicios de inteligencia marroquíes. Y según informó el diario El Español, el empresario se llama Mohamed Rachad Andaloussi Ouriaghli, tiene 34 años y en los últimos cinco años ha trascendido su figura como un hombre con estrechos vínculos con el gobierno del régimen del Comendador de los Creyentes.
La empresa española objeto de la operación lanzada por el Comisario General de Información (CGI) fue Star Defence Logistics & Engineering (SDLE), dedicada a la fabricación y comercialización de armamento. Su propietario se había convertido en contratista habitual del Ministerio de Defensa, con 400 contratos conseguidos en sólo 5 años.
Y según informa El Español, el joven era, según las investigaciones de la policía nacional, una persona «del círculo de confianza» de un ciudadano libio también imputado en este caso y su intermediación fue trascendental.
Hoy, la justicia española se vio obligada a dictar una orden de búsqueda y detención pese a que el empresario no acudió a los tribunales. Lo hicieron emitiendo una Orden de Detención Europea (EED) y una Orden de Detención Internacional (OID) tras concluir que este individuo había huido de España.
Fuente : Algérie54
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